Fuente : Cambio21

Cómo colaborarle al nuevo gobierno después de un terremoto siendo oposición y no morir en el intento. En la Concertación dicen que “no hay límites para fiscalizar”. El PRI anuncia revisión de los nuevos proyectos de ley del Ejecutivo “uno a uno”

De lo único que se hablaba antes del terremoto de finales de febrero era del complejo escenario social y político que iba a enfrentar Sebastián Piñera después del cambio de mando del próximo 11 de marzo.

Los distintos diputados de la Concertación se referían a la labor fiscalizadora que iban a ejercer en el Parlamento en los temas relativos a los conflictos de intereses provenientes de la nueva administración y a los proyectos de ley ligados a las reformas laborales y económicas que se iban a presentar en el hemiciclo, ni hablar del seguimiento de las promesas de campaña de la Alianza en materia de empleos, seguridad ciudadana y gestión y del postergado proceso de venta de las acciones que posee el Presidente electo y la mayoría de sus colaboradores.

Todo eso quedó en nada tras el violento sismo y que motivó que toda la agenda pública sólo contemple enfocar la mirada hacia la reconstrucción de Chile en los próximos tres o cuatro años.

Así dadas las cosas, la pregunta cae de madura parafraseando a la famosa película de Pedro Almodóvar: ¿Cómo colaborarle al nuevo gobierno después de un terremoto siendo oposición y no morir en el intento? La Concertación, a través de sus cuatro timoneles, Juan Carlos Latorre (DC), Fulvio Rossi (PS), Adriana Muñoz (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD), se declaró “disponible” para ayudar en la causa.

Incluso el interino presidente del socialismo habló de “apoyo” y “respaldo” y ofreció un completo staff de profesionales, y el ministro del Interior, Edmundo Pérez, dijo que “no veíamos ningún problema” en que los actuales gobernadores y secretarios generales ministeriales (Seremis) permanezcan en sus cargos en las zonas más afectadas por la catástrofe, siendo la única piedra de tope la fuerte personalidad de la alcaldesa de Concepción y futura intendenta del Bío-Bío, Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), resistida por “las declaraciones conflictivas” que efectuó en contra del gobierno en las horas posteriores al movimiento telúrico.

No sólo eso, la propia edil insistió hoy que "no es necesario que se queden los gobernadores, porque conocemos la realidad de la región. Sí me interesa que se queden algunas personas que no son políticas y que están en algunos cargos técnicos dentro del gobierno regional para que nos ayuden a dar continuidad a la administración".

Evitando el co-gobierno

A sólo días de que juren las nuevas autoridades piñeristas, el diputado PS Marcelo Díaz admite en conversación con Cambio21 que “no será fácil ejercer la labor de oposición”, sobre todo porque “en situaciones de conmoción como la que se vive en Chile, la gente pide una actitud unitaria de todos los sectores, no divisiones políticas o debates muy acalorados o cerrados”.

“Sin embargo -añade-, creo que este proceso de reconstrucción del país tendrá una mirada distinta, porque acá no puede haber límites para fiscalizar y la colaboración leal. Habrá recursos importantes que vamos a entregar (2% constitucional), además de las atribuciones especiales que aprobará el Parlamento. Por eso es que nuestra labor tiene que ir enfocada a que esos dineros se gasten bien y se controle la gestión de manera eficaz”.

De la misma manera, la diputada reelecta del PRI, Alejandra Sepúlveda, niega que haya un co-gobierno entre opositores y oficialistas y señala a este portal que “nosotros respaldaremos al Ejecutivo y prestaremos toda la colaboración necesaria, aunque somos de la idea de que se debe sumar la experiencia de los que trabajamos en el Congreso, ya sea a través de comisiones técnicas o de los proyectos de ley respectivos”.

Eso sí, la ex militante de la Democracia Cristiana deja en claro que “cualquier tipo de legislación distinta a los efectos del terremoto será revisada exhaustivamente, uno a uno, que es lo que siempre hemos dicho. Por ejemplo, en todo lo referido a los impuestos y otros temas económicos y laborales”.

El eterno flanco abierto

Más que las críticas que volvió a reiterar el Presidente electo, Sebastián Piñera, hacia la demora del gobierno de Michelle Bachelet en declarar el estado de catástrofe tras el terremoto del 27 de febrero, lo que sigue irritando a los dirigentes de la Concertación es el nuevo plazo del 30 de abril que el empresario informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para desprenderse de las acciones de Lan que posee en la sociedad de inversiones Bancard (11,3%).

Según Marcelo Díaz, “es una pésima señal, porque él se comprometió con Chile. La Bolsa de Valores no cerró, por ende, nuevamente esto se trata de un tema de negocios. Es lamentable que Piñera no esté dispuesto a perder un poco de plata, porque ahora están bajas”.