Fuente : La Nación 

En busca de mayor participación política

Es necesario que las autoridades que asumirán el gobierno el 11 de marzo tomen conciencia de la necesidad de contar con un sistema político más flexible, capaz de representar los intereses de sectores cada vez más amplios de la sociedad.

Uno de los mayores desafíos que deberá enfrentar el sistema político en los próximos años es el de ampliar la participación política. Si se considera en una misma categoría a personas no inscritas en los registros electorales, que no votaron en las últimas elecciones o que lo hicieron nulo y en blanco se puede llegar a reunir a cerca del 40% de potenciales ciudadanos. Todos ellos no están representados hoy en las autoridades electas en el país.

Se trata de cinco millones de personas, aproximadamente.

La inscripción automática en los registros electorales derribará una importante barrera de entrada. Actualmente, el 32,2% de los mayores de 18 años no están inscritos en los registros electorales, la inmensa mayoría de ellos jóvenes. Las personas entre esa edad y los 29 años son sólo el 8,1% del padrón electoral.

Sin embargo, el que ya no se tenga que hacer el trámite de ir durante un determinado período a efectuar el trámite de inscripción y que el derecho se tenga con el solo hecho de cumplir la edad no garantiza por sí solo una mayor cantidad de votantes. De partida, en el proyecto de ley que se analiza en el Congreso se considera la fórmula de inscripción automática y voto voluntario. Es decir, los nuevos ciudadanos no están obligados a manifestar su opción.

El nuevo padrón electoral con 12 millones de potenciales votantes introducirá un importante factor de incertidumbre, porque podría cambiar de manera significativa la conformación de mayorías. En primer lugar, las fuerzas políticas tendrán que motivar a los electores para que vayan a las urnas. De lo contrario, el panorama actual tenderá a reproducirse e incluso a profundizar la tendencia conservadora.

En segundo aspecto vinculado con las barreras de entrada se refiere a la Ley de Partidos Políticos. La constitución de éstos tiene tales complejidades y costos que agrupar a personas que quieran promover una determinada idea sobre la conducción del país tiene más desincentivos que estímulos. El Partido Comunista logró después de 20 años franquear las barreras de acceso a la Cámara de Diputados y, sin embargo, acaba de ser ilegalizado. Otras series de partidos que no obtuvieron los dos umbrales (5% de votación y/o cuatro diputados) tendrán que comenzar nuevamente sus procesos de legalización.

Este tipo de legislación busca nuevamente excluir a las organizaciones políticas por su tamaño. Obviamente, mientras más opciones tengan los electores al momento de votar, mayor interés habrá en sufragar. En lugar de poner mayores barreras de entrada, se debe facilitar la creación de más partidos legalmente constituidos, bajando los requisitos de votación y el número de parlamentarios electos.

Pero la modernización política que abra paso a mayor participación requiere de un sistema electoral parlamentario proporcional, que desplace al excluyente sistema binominal. Este último discrimina a favor de dos grandes fuerzas. Sin perjuicio que ellas existan en la realidad, la situación de los partidos políticos es mucho más diversa.

Es necesario que las autoridades que asumirán el gobierno el 11 de marzo tomen conciencia de la necesidad de contar con un sistema político más flexible, capaz de representar los intereses de sectores cada vez más amplios de la sociedad, de manera que los eventuales conflictos sociales cuenten con canales efectivos de solución. De mantenerse el actual envejecimiento del padrón electoral, con una gran cantidad de personas que no participan en el sistema político, es probable que se deslegitime la autoridad democrática y ello lleve a una polarización que afortunadamente el país ha podido evitar.